Cuando una empresa enfrenta dificultades financieras significativas, la insolvencia se convierte en una realidad ineludible. En estas circunstancias, la declaración de un concurso de acreedores es una herramienta legal crucial diseñada para gestionar y resolver la situación de manera ordenada y justa. Sin embargo, muchas empresas, ya sea por desconocimiento o por intentar evitar un proceso que consideran perjudicial, optan por no declarar el concurso de acreedores. Esta decisión, aunque pueda parecer ventajosa a corto plazo, puede acarrear graves consecuencias legales a largo plazo.
Obligaciones Legales en Situaciones de Insolvencia
No son desconocidas las obligaciones legales que competen al órgano de administración de una empresa cuando esta se sitúa en situación de insolvencia. Desde el año 2003, con la promulgación de nuestra primera Ley Concursal, la legislación impone el deber de solicitar la declaración de concurso en el plazo de dos meses siguientes al momento en que se hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia actual.
Deberes de los Administradores
Esta obligación se conecta con el deber impuesto a los administradores de instar la disolución de la sociedad cuando esta se encuentra en una causa legal de las recogidas en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital. Es común que la situación de insolvencia de la sociedad venga precedida de un desbalance que haya llevado a la entidad a situarse en la denominada causa de disolución por pérdidas. En esta situación, el patrimonio neto de la sociedad es inferior a la mitad del capital social o directamente negativo.
Consecuencias del Incumplimiento
No poner remedio a esta situación de desbalance ni llevar a cabo las actuaciones correspondientes en los plazos legalmente establecidos puede conllevar responsabilidades objetivas para los administradores, quienes podrían pasar a responder solidariamente con la empresa de las deudas sociales. Además, una de las causas más habituales de culpabilidad del concurso es el incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso a tiempo.
Responsabilidad por el Déficit Concursal
La culpabilidad del concurso puede llevar a la denominada condena al déficit concursal, obligando a los integrantes del órgano de administración a responder con su propio patrimonio del pasivo no satisfecho dentro del concurso. Desde siempre, el incumplimiento de estas obligaciones ha llevado aparejados riesgos significativos, que se han incrementado con las últimas reformas y los posicionamientos jurisprudenciales.
Reformas Recientes y Jurisprudencia
La última gran reforma en materia concursal establece que haber sido declarado persona afectada en la sentencia de calificación de un concurso anterior es causa de denegación de la exoneración del pasivo insatisfecho del propio concurso, impidiendo acceder a la segunda oportunidad. Además, se ha observado un incremento de expedientes de derivación de responsabilidad por parte de las administraciones públicas contra los administradores de empresas inactivas y en situación de insolvencia que han dejado de atender sus deudas.
Nuevas Excepciones a la Exoneración
Actualmente, haber sido sancionado con un acuerdo firme de derivación de responsabilidad es otra causa de excepción a la exoneración. Además, recientes resoluciones judiciales permiten exigir responsabilidad a los administradores incluso tras la conclusión de un concurso, si surgieron deudas después de la causa de disolución y no se solicitó el concurso en los tiempos establecidos.
Recomendaciones para los Administradores
Desde hace tiempo, desaconsejamos a los administradores de empresas en estas situaciones que realicen lo que comúnmente se conoce como “persianazo”. En su lugar, recomendamos proceder a una ordenada liquidación de la entidad para evitar perjuicios económicos significativos para su patrimonio personal.
Importancia del Asesoramiento Jurídico
Hoy más que nunca, es crucial para empresarios, administradores y autónomos contar con un adecuado asesoramiento jurídico ante estas situaciones. Reaccionar a tiempo, considerando los breves plazos normativos, puede permitir brindar un nuevo comienzo a estos actores, minimizando la posibilidad de que un fracaso empresarial pasado les persiga durante el resto de sus vidas.